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Lleida demuestra que siempre tuvo en propiedad el arte sacro
Lleida - M. Bernaus
2010-05-19
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Mossén Tarragona, en su declaración ante la jueza (A. Carrión)
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En 1938, el por aquél entonces administrador apostólico del Obispado de Lleida, Manuel Moll, envió a Zaragoza varias cajas en las que se encontraban las obras de arte que actualmente están en litigio, para que fueran resguardadas de la Guerra Civil y no se destruyeran. Cinco años después, en 1943, las obras, que se guardaron en el Depósito del Servicio del Ministerio de Educación de Zaragoza, fueron devueltas por orden de Moll. En los documentos de la devolución aparece: “Declaro bajo juramento ser afecto al Glorioso Movimiento Nacional y, asimismo, legítimo propietario de los siguientes objetos”. Estos documentos han sido hallados en el archivo del Institut d’Estudis Ilerdencs (IEI) y constituyen una prueba más que se ha presentado en el juicio civil para derimir de quién es la propiedad de dichas obras.
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Estos documentos, a los que el vicario judicial del Obispado de Lleida, Antoni Agelet, hizo referencia ayer en el inicio del juicio, son una de las pruebas que demuestran que la diócesis de Lleida ha ostentado la propiedad de las obras, pese a que, desde el Obispado de Barbastro-Monzón, y más concretamente su abogado, Hipólito Gómez de las Roces, defiende que Lleida tuvo las obras en calidad de depósito.
El juicio, que se celebró ayer en la Audiència de Lleida en lugar del Juzgado de Instrucción número 4 que lo debía acoger debido a la expectación que levantó, contó con el testimonio de Agelet, el primero en declarar por parte del Obispado de Lleida. El vicario judicial reiteró que la tenencia pacífica, continuada y pública de las obras acredita que Lleida ha sido la propietaria, aunque también respaldó su versión en documentos como los de 1943 o en el diario del obispo Messeguer, que certifican que las obras fueron adquiridas mediante la compra o el intercambio.
Por parte del Obispado de Barbastro-Monzón, declaró el vicario general Pedro Escartín, quien basó su defensa de la propiedad aragonesa porque, según la ley canónica, un obispo no puede comprar las obras de sus propias parroquias. En este sentido, destacó que la propiedad es de las parroquias aragonesas, aunque las reclame el Obispado al actuar en nombre de todas ellas. Resaltó que la obligación de la diócesis de Lleida es la de acatar las decisiones de la Santa Sede, una afirmación que en varios momentos del juicio se rebatió ya que lo que se estaba dilucidando ayer es la propiedad civil de las obras, que forman parte del catálogo de patrimonio de la Generalitat.
Otra declaración vino de la mano de la presidenta de la Associació Amics del Museu (parte demandante), Núria Oliva, quien recordó que el objetivo del juicio es, tan sólo, que se determine la propiedad.
Otra intervención fue la de mosén Jesús Tarragona, que fue conservador del museo hasta que se creó el Consorci del Museu. Tarragona remitió a los presentes al dietario de Messeguer para afirmar con rotundidad que la propiedad fue del Obispado de Lleida. Además, recordó que desde Ponent se han hecho muchos esfuerzos para poner en conocimiento de la Santa Sede la historia de las obras, incluso “enviamos 40 kilos de documentación en latín porque así nos lo pidieron”, documentación que nunca se estudió, dijo.
A la hora de las conclusiones, el abogado de los Amics del Museu, Francesc Sapena, reiteró que la entidad es parte implicada en el litigio y defendió que la propiedad se establece mediante la usucapión de las obras, que es la tenencia pacífica, ininterrumpida y pública de los bienes, una figura amparada por la legislación española y catalana.
El abogado del obispado de Lleida, Javier Gonzalo, reiteró que la diócesis debe acatar las órdenes de Roma (que decretó que las obras volvieran a Aragón), aunque también concluyó que, desde el punto de vista civil, no entiende cómo el anterior administrador apostólico obvió las cartas de Messeguer y otros documentos.
Finalmente, el abogado de Barbastro-Monzón, Hipólito Gómez de las Roces, se aferró al derecho canónico para hacer valer la decisión del Nuncio en España de devolver las obras en litigio a Aragón.
El litigio, en compás de espera a falta de dictar una sentencia
El juicio acabó ayer en compás de espera, debido a que el abogado del Obispado de Lleida, Javier Gonzalo, pidió poder aportar pruebas sobre la propiedad de los bienes.
De esta forma, la jueza deberá analizar las diligencias finales solicitadas, que son los protocolos y las facturas que demuestran que el obispo Messeguer pagó por adquirir las obras.
Antes de dictar sentencia, la jueza de Lleida deberá analizar los documentos y decidir sobre ellos teniendo en cuenta las aportaciones que realizarán cada una de las partes.
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Soleado
